Sobre la renuncia de Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del IESS, opinó el experto en derecho constitucional Rafael Oyarte. “Era algo que se veía venir, manejar un gigante como el IESS es complejo”, indicó. “Afiliados sostienen pensiones y beneficios de quienes no aportan, y plata no hay. Vemos en países europeos cimo cada vez se dilata la edad para jubilarse”, comenta.
“Nuestro sistema está consagrado para ser insuficiente”, afirma. “Jóvenes no tienen certeza si van a poderse jubilarse o deberán aportar más, la cosa no se ve bien, hay un sistema de reparto y la gente no sabe en qué se invierte su dinero”, cuestiona.
“Hay que ver si con los aportes actuales se puede mantener la seguridad social, el 21% del sueldo va al IESS. ¿Es eso suficiente?”, pregunta el analista. Además, hay problemas en la atención en salud, “los afiliados debemos esperar meses por una cita médica, por eso quienes tienen posibilidades buscan alternativas en seguros complementarios o privados, que no son la gran panacea tampoco. Una persona con sueldo básico no puede comprarse un seguro de este tipo”, sostiene.
Sobre cambios para mejorar la gestión del IESS, Oyarte opina que, en Ecuador “parecería que no hay más funcionarios, aunque hay gente que prefiere quedarse en el sector privado, irse al sector público puede manchar su prestigio; no se sabe si se quiere a alguien con experiencia en el sector”, señaló.
Para el experto, en el IESS y en el consejo Directivo la problemática de los nombramientos está latente, “el presidente Lasso no se caracteriza por hacer los nombramientos más felices, algo le pasa en estas cosas”, manifiesta.
Insiste en que la dificultad del IESS es el sistema, “hay un problema estructural, hay uno de reparto, no quieren ir por una cuenta individual, el Estado tendrá que hacerse cargo de esto”, advierte.
Al final de la entrevista analizó la aprobación de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. “Algo se aprobó, no me queda claro, pero ayuda en algunas cosas, hay gente que cree que protestar es ir y destruir, pero no tienen derecho a robar y destruir bienes públicos”, indicó.