El analista Marco Flores, exministro de Economía y Finanzas explicó su propuesta para la focalización y compensación de los precios de los combustibles. Considera que el Gobierno debe llegar de manera directa a los más vulnerables. “Se debe liberar los precios, pero protegiendo a los pobres y fortaleciendo los servicios de salud, educación y protección social”, manifiesta.
Para Flores las políticas actuales lo que han hecho es destruir la inversión con fuertes impactos en la recuperación del empleo. Sostiene que la focalización no se resuelve en mesas de diálogo sino con un cambio sustantivo en la política económica. “Hay siete millones de pobres a los que hay que proteger, pero también a la clase media”, comenta.
Propone reducir del 12% al 8% el impuesto al valor agregado general (IVA) y del 12% al 5% el IVA para restaurantes, cafeterías, hoteles y pequeños negocios, fácilmente afectados por las variaciones de la demanda.
Por cuatro días al año adecuadamente seleccionados se eliminaría el cobro del IVA en todas las compras de hasta 100 dólares sin límite en el número de transacciones. Reducir los precios de venta es el principio que permite las gangas y ofertas para vender más y aumentar los ingresos por volumen de ventas antes que por precio.
“Cuando sube el IVA se perjudica a los pobres, cuando baja se los beneficia”, puntualiza.
También expone una propuesta para el gas licuado de petróleo. Propone que una bombona cueste seis dólares para quienes pueden pagar. Los pobres, cuya condición se definiría a través del consumo de la planilla de luz tendrían el precio preferente, que es el actual por la bombona de 15 kg.
Ahora, un punto clave pasa por el destino de estos recursos, tendrían que ser invertidos únicamente en los social. Para ello se requiere de una acción de la Asamblea Nacional para que norme el tema y blinde el uso de estos recursos.
Aclara que el IVA no es cualquier impuesto, es uno al consumo, explica.
Reducirlo representa mejorar el consumo y esto se reproduce en mano de obra. “Los pobres no tiene capacidad de ahorro y esto impacta en el consumo, se debe ayudar a mejorar la capacidad de compra”, manifiesta.
Habló también sobre la deuda a Perenco y el riesgo que esto representa para las inversiones de Ecuador. Sostiene que al Estado le corresponde pagar esta deuda que está respaldada por un laudo internacional.