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El doctor Luis Cuji, subsecretario de Formación Académica de la Senescyt, analizó la situación del secretario de Educación Superior Agustín Albán y el posible juicio político en su contra en la Asamblea Nacional.
Comentó Cují que Albán se excusó de su última comparecencia en la Asamblea debido a las funciones que cumple en el COE tanto de Pichincha como Nacional, cuya gestión asumió en el contexto de las actividades relacionadas con el aporte de la academia e investigación de las universidades con la pandemia, por ejemplo los procesos que permitieron avalar a los laboratorios de algunas instituciones de educación superior para la realización de pruebas de detección de Covid 19.
Sobre las denuncias del expresidente del CONESUP, Gustavo Vega respecto del tamaño de la burocracia de la Senescyt, respondió indicando que más bien se trata de una Secretaría pequeña frente al número de personas que atiende.
También se refirió a los procesos de institucionalización de las universidades emblemáticas: Ikiam, Yachay, de la Artes y UNAE que buscan su autonomía a través de elecciones para elegir por primera vez a sus autoridades. Advirtió que todos procesos de elección son conflictivos y que las denuncias que se den en este contexto deben ser canalizadas a través los organismos pertinentes.
En el caso de la UNAE, informó sobre el ingreso de una impugnación; una vez resuelto este tema podrán publicarse los resultados oficiales de las votaciones realizadas el lunes, 7 de diciembre.
Detalló la forma en la que estas IES están organizadas en el marco de la normativa jurídica, lo que a su criterio justifica la injerencia del Gobierno Nacional en sus procesos considerando que las comisiones gestoras, que reemplazan a los consejos universitarios de las universidades públicas, son conformadas por el Gobierno que tiene absoluta participación y seguirá participando en la vida de estas universidades hasta que se complete el proceso de institucionalización.
Comentó sobre la situación de los becarios y justificó las demandas contra ellos al advertir que los recursos que se invirtieron en su formación son públicos y que si hay acreencias que no han sido cubiertas el Estado tiene la obligación de tomar acciones al respecto.
Se le consultó también sobre las observaciones a los procesos de concursos en algunas universidades, entre ellas la Universidad de Cuenca, recomendó que si no hay una respuesta que satisfaga las inquietudes de los demandantes dentro de la misma universidad, las denuncias pueden ser interpuestas en el CES organismo que a su vez solicitará a la Senescyt un informe que, de llegar a ser concluyente en el sentido de la presencia de irregularidades se determinaría la invalidez de dicho concurso o el retorno a un proceso anterior.