La Corte Constitucional recibió amicus curiae interpuestos en el marco del análisis que el máximo órgano constitucional debe hacer de los de los decretos-ley presentados por el presidente Guillermo Lasso, tras la disolución de la Asamblea Nacional.
En este caso las opiniones jurídicas se presentaron ante la reforma tributaria remitida con la figura de decreto-ley que la norma le concede al mandatario luego de la muerte cruzada.
Sobre el tema dialogamos con el doctor Carlos Castro Riera, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad de Cuenca. También fue presidente del Colegio de Abogados del Azuay.
Según el experto, la decisión de la Corte Constitucional fue la de llamar a una audiencia para que presidente sustente el proyecto de reforma tributaria. Espera que la Corte actúe acorde a lo dispone la Constitución.
Para Castro, Lasso, en seis meses no puede pretender gobernar el país mediante decreto. Argumentó esta opinión al aseverar que estos meses son de transición hacia un nuevo gobierno. Recomienda poner atención a quienes podrían asumir tanto la presidencia como las curules de la Asamblea Nacional y convertirse en un “vehículo de paz para la transición”.
Se refirió también a las declaraciones de Paco Moncayo, consejero de Gobierno. Sostiene Castro que el general “ha decepcionado”. “Piensan que con un acuerdo se puede cambiar la realidad del país”, manifiesta.
“Quieren usar el terrorismo para combatir la delincuencia, pero a la delincuencia se la enfrenta con la ley en la mano y con firmeza; se olvidan de aplicar las leyes”, cuestiona el expresidente del Colegio de Abogados del Azuay.
Finalmente se refirió a los continuos problemas en las vías del Azuay. “Los ciudadanos deben parar para que vehículos sean remolcados en la variante del kilómetro 49 de la Cuenca–Molleturo, y se inventan valores para dejar pasar vehículos”, denunció. “Hay temas de corrupción”, acusa.
Dio a conocer que, desde la Asamblea Ciudadana por la Vialidad del Azuay solicitarán una reunión con expertos para tratar temas técnicos, jurídicos y sociales, para establecer un nuevo modelo vial. Insiste en la descentralización de competencias para mejorar estos problemas.