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La muerte cruzada puso a la Corte Constitucional frente a vacíos legales para tratar los decretos-ley que envía el presidente de la República. Del tema dialogamos con el docente universitario, Andrés Martínez, experto en derecho constitucional. 

Para Martínez es necesario un control previo como filtro de las decisiones que realice el primer mandatario tras la muerte cruzada. Explicó que este control recae en la Corte y que, aunque existen pedidos de amicus curiae, espera que la decisión del órgano no tenga injerencia alguna de terceros y más bien todas las opiniones sean usadas para que el juez constitucional tome una decisión en derecho.

En otro tema, en relación a la situación de la fiscal general Diana Salazar, sostiene que es “equivocado” lo que intenta hacer el Consejo de la Judicatura. “No se trata de defender a nadie en particular, sino de defender la institucionalidad”, aclara. 

Le sorprende que salten procesos de este tipo y que haya jueces que desconozcan la función judicial. Cuestiona además que, instituciones como el CPCCS no realicen su trabajo, ni cumplan su rol con la ciudadanía. 

Prevé que el próximo gobierno será de transición. “Deberán cerrar ciclos anteriores y generar cimientos para la gobernabilidad”, manifiesta. “Es imposible tener gobernabilidad en 15 meses”, dice Martínez, pero recomienda realizar pactos de interés nacional. 

Cuestiona que políticos interpongan sus intereses personales antes que los de la población.