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El consejero de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero, dijo estar a la expectativa de la posesión de los nuevos vocales del organismo. “Son dos mujeres, un hombre, un representante de las nacionalidades indígenas. Deberá hacerlo la Asamblea”, explicó. 

De acuerdo a lo establecido en la norma, deben posesionarse quienes obtuvieron el mayor número de votos en las elecciones de 2019. Comentó que, de existir temas de corrupción en los que los nuevos consejeros estén involucrados se pondrá a consideración.

Sobre la acción de protección interpuesta por los consejeros destituidos para evitar la sanción, dijo que son “patadas de ahogado”. “Todos votaron por la censura y el Gobierno no debería interferir en instancias como la Asamblea. Es una acción desesperada”, advierte. 

Para Rosero el juicio de la Asamblea tuvo sustento, “hubo incumplimiento de funciones”, señala. “El Consejo no es una sucursal de Carondelet, cualquier persona en igualdad de condiciones debería poder postularse, y no solo grupos afines del Gobierno”, manifeista. 

Aspira se proceda con el nombramiento de las autoridades. Considera que los reglamentos pueden mejorarse y se continúe con el trabajo pendiente. 
Exhortó a rechazar la consulta popular por “antidemocrática”. 

Sostiene que los 50 millones que se invertirán en este proceso, mejor se destinen a salud, educación o a la compra de medicamentos para los hospitales. “El Gobierno debe resolver problemas y no interferir”, insiste. 

En su salida final recomienda abrir el debate sobre cuál sería el mecanismo ideal para designar autoridades.