Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina en MiningWatch Canadá, expresó su preocupación por la forma en que se desarrollan los proyectos mineros en Ecuador, a pesar de los resultados de las consultas populares en Girón, Cuenca y otras zonas de Azuay, así como de la declaratoria de protección de fuentes hídricas.
Herrera advirtió que, actualmente, la consulta previa aún no está debidamente regulada en el país, lo que permite el avance de proyectos extractivos sin el consentimiento adecuado de las comunidades. En ese sentido, rechazó lo ocurrido recientemente en la comunidad de Escaleras, donde, según denunció, se han vulnerado derechos colectivos.
La activista alertó que tragedias ocasionadas por empresas mineras en otros países podrían repetirse en Ecuador, ya que —afirmó— estos proyectos avanzan en medio de violencia, falta de consentimiento, criminalización y hasta el asesinato de líderes indígenas.
Herrera también se refirió al tratado de libre comercio entre Ecuador y Canadá, al que calificó como un instrumento que protege los intereses de la minería canadiense en territorio ecuatoriano y que, a su juicio, facilita el avance de proyectos como el de Loma Larga.
Insistió en que la minería en zonas de páramo es inviable y exhortó a las autoridades a revisar con responsabilidad los distintos riesgos que implica este tipo de actividad, así como los informes técnicos y sociales presentados por diversos sectores.
Finalmente, cuestionó las estrategias de la empresa minera vinculada a Loma Larga, particularmente sus intentos por obtener respaldos a través de prácticas que, según ella, no responden al interés colectivo ni al respeto por los derechos de las comunidades.