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César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, expresó su preocupación ante la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Inteligencia y Contrainteligencia, publicada recientemente en el Registro Oficial. A su juicio, la norma otorga amplios poderes al Ejecutivo y representa un serio riesgo para las libertades y derechos ciudadanos.

“Nos preocupa la interceptación de comunicaciones sin orden previa. Se crea un Sistema de Inteligencia propuesto por el presidente, que pasa a ser una autoridad con atribuciones amplias”, afirmó Ricaurte.

Advirtió que, bajo esta ley, los operadores móviles podrían entregar información personal de los ciudadanos sin necesidad de autorización judicial, si así lo solicita dicho sistema. Además, alertó sobre el uso de fondos reservados sin suficiente control, lo que podría abrir la puerta a casos de corrupción.

Según FUNDAMEDIOS, la norma carece de proporcionalidad, no delimita adecuadamente las restricciones a las libertades y omite explicaciones claras sobre cómo se protegerán los derechos en un régimen democrático. “Se otorga un enorme poder para intervenir comunicaciones sin que exista una investigación previa”, subrayó Ricaurte.

La organización anunció que buscará coordinar acciones con la sociedad civil para enfrentar lo que consideran un marco legal arbitrario y de carácter antidemocrático. Asimismo, solicitarán a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley, al considerar que vulnera principios fundamentales del Estado de derecho.