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Carlos Castro Riera, excatedrático universitario y miembro del Cabildo del Agua del Azuay, evaluó la situación actual del proyecto minero Loma Larga, en Kimsakocha, y reiteró la defensa del agua como un derecho fundamental.

“Vivimos en un cinismo: la ministra quiere acabar con nuestras fuentes de agua urbanas y rurales”, afirmó en sus primeras declaraciones. Cuestionó que, pese a haberse demostrado con datos técnicos las irregularidades en la consulta realizada en la comunidad de Escaleras, el Gobierno insista en avanzar con la explotación minera.

Castro recordó que, a pesar de los pronunciamientos y las investigaciones realizadas, el Ejecutivo pretende ahora convocar a una nueva consulta popular, desconociendo la voluntad expresada en las consultas de 2019 y 2021. “Cuenca no tiene valor para el Gobierno, solo ven a la ciudad como un distrito minero”, señaló. En ese sentido, exigió la revocatoria de la licencia ambiental, el respeto al mandato popular y pidió al juez Carlos Cárdenas pronunciarse sobre el tema.

Al referirse a las recientes leyes y al plan de seguridad impulsados por el Gobierno, sostuvo: “Se está haciendo pedazos la democracia y la Constitución. Nadie se opone a combatir el crimen organizado y la corrupción, pero no se puede usar eso como pretexto para vulnerar derechos”.