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Andrés Martínez, experto en derecho internacional, expresó su preocupación por el otorgamiento de la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga, en Kimsakocha, al considerar que no se cumplieron los pasos necesarios. Señaló además que la defensa del agua en Cuenca no debe confundirse con violencia ni con medidas de hecho.

Indicó que el juez Juan Cárdenas es quien debe determinar si se respetaron las medidas de protección y la sentencia a favor de Kimsakocha, decisión que, a su criterio, debe basarse en la ciencia. En este sentido, sugirió la presentación de amicus curiae para fortalecer el proceso judicial.

Martínez subrayó que este conflicto no nació en 2025, sino que tiene una larga trayectoria, y lamentó que actores políticos pretendan aprovecharse de la coyuntura. Cuestionó también el silencio que, en años anteriores, rodeó el tema. “La ciudadanía ya se pronunció y se debe respetar la soberanía del pueblo”, enfatizó.

Para el especialista, el agua vale mucho más que el oro y que cualquier beneficio económico que pueda generar la minería. “¿Cuánto costaría traer agua potable para la ciudad?”, se preguntó. En esa línea, insistió en la necesidad de proteger los páramos y propuso medidas como establecer aportes en las planillas de servicios básicos para financiar su conservación.