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Carlos Castro, miembro del Cabildo por el Agua, afirmó que el caso Quimsacocha continúa vigente, pues los procesos administrativos y judiciales aún no han concluido. Señaló que hasta la fecha no existe un decreto ejecutivo que prohíba la minería en Loma Larga, ni pronunciamientos definitivos por parte de los jueces. En este contexto, cuestionó el lenguaje confuso de las autoridades, las contradicciones institucionales y la falta de voluntad política para acatar la decisión popular.

Castro recordó que los sectores sociales han actuado en defensa de la verdad, motivo por el cual el pueblo se movilizó el pasado 16 de septiembre. Rechazó las tergiversaciones en torno al caso, especialmente la falsa dicotomía entre minería legal e ilegal.

Asimismo, manifestó su desacuerdo con la violación de derechos humanos y el uso del miedo como herramienta para disuadir la protesta social. Criticó la persecución y el congelamiento de cuentas a personas de escasos recursos, mientras —dijo— se perdonan deudas millonarias a grandes grupos económicos.