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Adrián Castro, asambleísta por la provincia del Azuay y miembro de ADN, afirmó que adoptó una posición independiente en el caso Kimsacocha. “Mi voto fue en contra de mi bancada; he podido investigar para informar al Gobierno sobre lo que sucede”, declaró en sus primeras declaraciones. Considera que la revocatoria de la licencia minera es un paso importante y corresponde a la consulta popular de Cuenca de 2021 y a la voluntad de la ciudadanía.

Castro señaló que algunas autoridades intentan atribuirse este logro, a pesar de que “tuvieron todo el tiempo para realizar actos administrativos”. Reconoció la sensibilidad de la ciudad por proteger los ríos, reflejada en la iniciativa del "Quinto Río" de Cuenca y en la marcha del 16 de septiembre, acciones que —según él— influyeron en la decisión del Gobierno de revocar la licencia.

El legislador espera que se respete la voluntad popular y que la revocatoria se cumpla. Sin embargo, advirtió sobre posibles riesgos legales a futuro, ya que un juez en 2022 emitió lineamientos para continuar con el proyecto.

Castro también reveló que la consulta realizada en la Comunidad de Escaleras presentó irregularidades, y existen informes y pronunciamientos populares que lo respaldan, por lo que le sorprende el silencio de la justicia en el tema.