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En una entrevista, el abogado y profesor de derecho penal Ramiro García cuestionó la gestión del Estado ecuatoriano, señalando que los problemas legales y contractuales no se deben principalmente a una mala litigación, sino a la corrupción endémica que atraviesa tanto los procesos judiciales como la contratación pública.

García mencionó casos emblemáticos como Chevron-Texaco, Progen, ATM y Helbert, en los que la adquisición de bienes y servicios a empresas inadecuadas o la compra de materiales considerados “chatarra” a precios inflados han generado pérdidas millonarias para el país.

El jurista advirtió que la falta de transparencia y la impunidad en el sector público agravan la crisis institucional. En su criterio, la sociedad civil tiene un rol fundamental para exigir eficiencia y combatir la corrupción, dado que las leyes de transparencia existentes suelen quedar en letra muerta.