Programas

En una entrevista, Joaquín Martínez, activista, denunció la reciente aprobación de una ley minera en la Asamblea Nacional de Ecuador.

El invitado manifestó su profunda indignación ante el respaldo legislativo a una normativa que, según su visión, prioriza los intereses de las empresas extractivas sobre la voluntad popular y la protección del agua. Martínez criticó la falta de diálogo con la sociedad civil y advirtió sobre el riesgo inminente de explotación en páramos sensibles como Quimsacocha.

Además, señaló que la nueva legislación debilita los controles ambientales y facilita la militarización de territorios para reprimir la resistencia comunitaria. Ante este escenario, diversas organizaciones sociales anunciaron movilizaciones permanentes y la presentación de demandas de inconstitucionalidad para frenar la aplicación de la ley.

La fuente subrayó la fractura entre los representantes políticos y los mandatos ciudadanos expresados previamente en consultas populares.