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En una entrevista, Carlos Salazar, representante de los distribuidores de petróleo, analizó la crisis de desabastecimiento de combustibles que afecta a ciudades clave como Quito y Guayaquil.

El directivo rechazó las acusaciones gubernamentales sobre un supuesto acaparamiento por parte de las estaciones de servicio, atribuyendo el problema a fallas logísticas de Petroecuador y a la baja operatividad de la Refinería de Esmeraldas. Explicó que el país depende actualmente de la importación del 90% de los derivados, una situación agravada por el alto costo internacional del crudo y la falta de liquidez estatal.

Como solución a largo plazo, propuso una reforma estructural que permita la participación del sector privado y la inversión en infraestructura nacional para reducir la vulnerabilidad energética. Finalmente, subrayó que la falta de transparencia informativa por parte de las autoridades genera incertidumbre en la economía y en los usuarios finales.