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En una entrevista, el abogado Vicente Solano analizó las implicaciones jurídicas del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá, destacando la preocupante falta de transparencia y el uso de cláusulas de reserva que impiden el acceso público a los textos oficiales.

El experto sostuvo que el proceso actual vulnera el derecho constitucional a la información y podría ignorar la obligatoriedad de realizar consultas previas a comunidades indígenas, especialmente en temas relacionados con la explotación minera y el impacto ambiental.

Solano subrayó que cualquier convenio internacional debe someterse a un dictamen vinculante de la Corte Constitucional, para garantizar la prevalencia de los derechos humanos sobre los intereses comerciales.

Finalmente, advirtió sobre el riesgo de ceder soberanía jurisdiccional ante arbitrajes internacionales, enfatizando que un acuerdo de esta magnitud no debe ratificarse sin un debate democrático que asegure el bienestar de la población ecuatoriana.