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En una entrevista, el abogado Marco Antonio Machado, especialista en derecho público, analizó la situación legal del proyecto minero Quimsacocha tras la consulta popular de Cuenca.

El experto sostuvo que la explotación metálica es jurídicamente inviable debido al mandato soberano que prohíbe actividades en zonas de recarga hídrica. Enfatizó que la empresa concesionaria carece de un contrato de explotación vigente, lo que convierte cualquier intento de avance en un acto con objeto ilícito.

Machado criticó la postura del gobierno por no defender la voluntad ciudadana y sugirió que las autoridades locales deben demandar la nulidad absoluta de los acuerdos de inversión recientes. Finalmente, advirtió sobre posibles reclamos internacionales, aunque defendió la primacía del derecho constitucional y el interés público sobre los intereses privados.