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El sociólogo y analista en temas de seguridad, Daniel Pontón, sostuvo que la estrategia estatal contra el crimen organizado en Ecuador debe reorientarse prioritariamente hacia la desarticulación de las estructuras financieras y de lavado de activos de las organizaciones ilícitas, por encima del despliegue centrado en la aprehensión física de sospechosos.

Pontón señaló que el país experimenta un deterioro en su resiliencia institucional, condición que facilitó la penetración de redes criminales en sectores del sistema judicial, la administración pública y el sector empresarial. El experto atribuyó este escenario a la ausencia de indicadores técnicos para evaluar la efectividad de las operaciones de seguridad y a la polarización política, factor que, a su criterio, bloquea la consolidación de un plan integral de Estado a largo plazo.

Respecto a la intervención de países aliados, el analista indicó que la cooperación internacional resulta imperativa en la coyuntura actual; no obstante, advirtió sobre la necesidad de establecer límites claros para evitar la cesión de soberanía nacional frente a agendas geopolíticas externas.

Finalmente, Pontón proyectó un panorama institucional crítico hacia el año 2030 en caso de no implementarse reformas estructurales orientadas a reforzar los mecanismos de fiscalización, la probidad administrativa y el control estatal sobre las actividades económicas ilícitas.