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El exsíndico municipal Tarquino Orellana analizó la controversia generada por la aprobación de un edificio de quince pisos en el sector de Ushupud, en Paute, señalando que la decisión ha abierto un debate sobre el respeto a la normativa de ordenamiento territorial y la protección de zonas rurales con vocación agrícola.

Durante la entrevista, sostuvo que las autorizaciones otorgadas para el proyecto presentarían inconsistencias respecto a los planes de uso y gestión del suelo vigentes, por lo que cuestionó la legalidad de las resoluciones adoptadas por las autoridades municipales.

Orellana advirtió además que las decisiones administrativas que contravienen la normativa territorial pueden enfrentar procesos de revisión y eventual nulidad, especialmente cuando existen cuestionamientos sobre competencias, procedimientos o sustento técnico.

Asimismo, destacó que el caso ya forma parte de análisis y denuncias presentadas ante organismos de control, en medio de un debate más amplio sobre el crecimiento urbano, la planificación territorial y la protección del patrimonio paisajístico de la zona.

El exfuncionario también reflexionó sobre la necesidad de equilibrar los derechos de los propietarios con la obligación de las autoridades de proteger el interés colectivo, los recursos naturales y la identidad territorial de las comunidades.

Finalmente, enfatizó que el desarrollo urbano debe sustentarse en criterios técnicos, legales y ambientales, garantizando que las decisiones de planificación respondan al bienestar de la población y a la preservación del patrimonio para las futuras generaciones.