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En la primera emisión del Noticiario Antena Uno entrevistamos al doctor Miguel Arias, abogado de profesión y ex juez de lo Penal del Azuay, quien denunció un acto de vulneración de derechos del cual habrían sido víctimas ciudadanos de Molleturo a manos de agentes policiales, el pasado fin de semana.

Arias comentó que el “domingo pasado, en horas de madrugada, cuando la gente de la parroquia se moviliza para realizar labores en Cuenca, un comerciante de moras que se transportaba en su vehículo fue agredido, dispararon al vehículo, golpearon al conductor. Luego atraparon a otro miembro de la comunidad que venía de cumplir una visita familiar también fue agredido, sometido a vejámenes. Tres personas más que se movilizaban en motocicletas fueron secuestradas, trasladadas hasta la comunidad San Pedro de Yumate y sometidas a toda clase de afrentas, fueron golpeadas, estigmatizadas, les colocaron tres sacos de supuesto mineral aurífero o nuevo material mineral izado para acusarlas de estar dedicadas a la minería ilegal; fueron entregadas el lunes a los miembros de la Policía Nacional, se demostró la existencia de huellas de maltratos, los golpes que presentaban en su rostro y todo su cuerpo eran evidentes. Es lamentable que la Fiscalía no haya podido realizar una valoración médico legal para determinar esta clase de violaciones”.

El doctor Miguel Arias explicó además cómo fueron interceptados los ciudadanos de Molleturo a quienes defiende. "Los campesinos fueron aprendidos a eso de las 02:00 y entregados a la policía a las 12:00 del día siguiente. El juzgamiento de flagrancia se realizó después de 24 horas. Está claro que no se respetaron derechos fundamentales y el Juez. pese a la evidencia de las lesiones físicas que presentaron, no se permitió siquiera sugerir a la Fiscalía que se realice una investigación" afirmó.

La política extractivista del Gobierno fue calificada por Arias como una "tozudez" que limita que en las zonas afectadas cuenten con una seguridad para las actividades de su vida diaria. "Los campesinos de Cochabamba no pueden movilizarse a sus actividades porque temen ser secuestradas. Las personas que estamos todavía en la ciudad esperando que el Estado proteja nuestros derechos no sabemos por qué razón se sigue manteniendo como política de Estado la concesión para explotación minera en zonas tan frágiles" sentenció. 

Entre otros temas analizó la independencia del poder judicial en la actualidad. En un Estado constitucional, las decisiones no pueden provenir de un solo poder sino del pacto social, expresa Arias.

Finalmente hizo una lectura sobre el proceso de evaluación a jueces y conjueces de la CNJ y sus resultados.