El abogado Andrés Benavides, experto en derecho constitucional opinó sobre la propuesta de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación. “Una ley no solo debe acerarse a los parámetros de los derechos humanos, debe considerar elementos de orden constitucional, hay omisiones en el proyecto, no hay certeza, por ejemplo, de qué mecanismo se podrá usar para proceder con una rectificación”, comentó.
Entre las omisiones, dijo Benavides, no se dice nada sobre este derecho, el de la rectificación, solo habla de la réplica.
Según Benavides, el sistema de comunicación debe ser regulado y eso no se contempla en la nueva propuesta. De acuerdo con la consulta popular del 2011, los ecuatorianos fuimos consultados, en la pregunta número 9, sobre la creación de un consejo de la comunicación que regule algunos temas relacionados con los contenidos y las franjas horarias, contenidos discriminatorios o de orden sexual; este proyecto no contempla este órgano de regulación, “si se quiere eliminar el existente en la LOC, debe hacérselo vía consulta popular, su existencia es de obligatorio cumplimiento”, explicó. Añadió que el proyecto tiene aspectos positivos, pero otros que pueden desconocer la voluntad popular.
Sostiene que es necesario un tipo de política que guíe la comunicación. Otra deficiencia de la nueva ley tiene que ver con las franjas horarias y la programación educativa, intercultural; considera que se eliminan los programas educativos que se emiten por canales y radios del tv.
Insistió que la ley debe garantizar los derechos humanos, los estándares internacionales y los derechos constitucionales.
Entre los aspectos positivos dijo que la propuesta de normativa contempla un salario justo a funcionarios del sector de la comunicación y es positivo también que se promueva la libre expresión y no la sanción.
Entre algunas omisiones, Benavides considera que nada se dice sobre la distribución y otorgamiento de frecuencias, un tema que ha enfrentado una serie de cuestionamientos; así como de una necesaria regulación de los medios públicos para que cumplan su fin de responder a la ciudadanía y no se conviertan en plataformas para promocionar al gobierno de turno o a un personaje particular.
En el ámbito penal, sugiere que no se elimine el delito de calumnia considerando el derecho al buen nombre al que todo ciudadano tiene derecho y que podría diluirse en el ámbito civil.
Recomienda también que se contemple una regulación de la publicidad para evitar contenidos que vulneren derechos.
En su salida final dijo que no se debe “pulverizar” a los medios con un régimen sancionatorio como lo fue en los últimos años.