El miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa, cuestionó la posibilidad de que sea la presidenta del organismo quien proceda con la designación del defensor del Pueblo encargado. Considera que esta acción debe estar en manos del pleno del organismo.
Explicó que, si bien el artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo señala que, en caso de ausencia definitiva del defensor del Pueblo, el CPCCS deberá designar un encargado hasta realizar el concurso que permita elegir a la autoridad definitiva, no detalla la modalidad ni el proceso para aquello.
En este contexto, dio a conocer la propuesta que como integrante del Consejo hizo y que consistía en solicitar a las universidades nombres que cumplan con el perfil y requisitos para ocupar el cargo. La propuesta, según dijo, no fue acogida.
El nombramiento del funcionario encargado, a criterio de Ulloa debería ser “unánime”, es decir que los miembros del Consejo puedan votar por un perfil determinado. “El próximo defensor deberá gozar de legitimidad”, advirtió.
Sobre la defensora subrogante actual, Zaida Rovira, dijo que no tiene impedimento alguno para continuar en el cargo hasta que el CPCCS resuelva el tema. “Con la presencia de Rovira, la Defensoría ha retomado el rumbo”, señaló.
Para Ulloa, “el defensor no puede ser una persona con antecedentes penales y que agreda a mujeres, debe asegurarse de estar a favor de los derechos humanos, de la niñez, en contra de la violencia contra la mujer; debe ser un perfil idóneo”, recomienda.
En el caso del concurso para contralor general del Estado, dio a conocer detalles del proceso y denunció aspectos que considera están fuera de la norma como “mutilar el reglamento” al tomar la decisión de eliminar la prueba oral a los candidatos o solicitar un certificado psicológico a los aspirantes, eliminando la prueba establecida para el efecto.
Espera llevar un control del perfil del próximo contralor. Aseveró que “levantarán su voz de protesta ante las irregularidades presentadas en el CPCCS”. Opina que se estarían vulnerando los derechos a la participación y procesos administrativos.