El abogado Francisco Machado de Kuska Estudio Jurídico, amplió detalles del proceso que enfrentaba el activista por el agua Víctor Guaillas, quien fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral. Comentó que, tras la masacre y gracias a los contactos mantenidos con alianzas de derechos humanos, pudieron constatar que fue una de las víctimas.
Víctor Guaillas mantenía su estatus de persona inocente, esperaba una respuesta para definir su situación. Cumplió medidas cautelares por un año, “tenía prisión preventiva, exigimos su libertad y no respetaron un debido proceso. Que permaneciera detenido era ilegal”, denunció.
Guaillas “era un defensor de los derechos humanos, lo detuvieron en Naranjal en octubre 2019, si bien su caso no se relacionaba con la defensa del agua, ejercía su derecho a protestar contra las medidas de ese entonces. Fue detenido por miembros de la policía, porque no pudo escapar después de una persecución y una balacera que se suscitó en el sector”, fue el único detenido entre 60 manifestantes que se encontraban en el lugar, comentó el abogado.
Indicó que presentaron una acción de protección y un habeas corpus, cuestionó lo que calificó como grandes falencias que se dieron en el juicio. “Las pruebas del delito de sabotaje fueron declaraciones de policías y agentes de la Comisión de Tránsito, en las que además hubo contradicciones”, indicó. Además, según las declaraciones recogidas en el proceso, Guillas, “solito habría sido el responsable de tumbar a los policías de sus motos, de agredir a agentes de tránsito, de lanzar gasolina y prender fuego; los policías estaban a más de 60 metros de las motos, no había concordancia”, relató.
Aclaró que, “dos encapuchados procedieron a la quema de motocicletas, se identificó a otras personas”; se designó a un perito para que haga un reconocimiento de la evidencia y este experto basó su testimonio en “lo que le dijeron”, reprochó.
Para el abogado, sentenciaron a una persona sin evidencia física, con testimonios contradictorios y testigos que afirmaron que no participó.
Lo ocurrido con “Don Víctor” y otros presos sin sentencia que fueron asesinados, ha llevado a que se debata sobre la actuación de la administración de la justicia en su conjunto, así como de las entidades de Estado.
Machado recomienda reducir las penas, al momento hay una sobrepoblación y esto hace que no exista un correcto control. Recomienda capacitar a jueces sobre derechos humanos y uso racional de la prisión preventiva, “es decepcionante ver cómo falló el sistema y vulneró derechos sin posibilitar una defensa adecuada”. Así mismo exhorta al Gobierno a tomar mejores medidas, considera que no hay un plan adecuado para enfrentar la crisis carcelaria, no se puede vivir en estado de excepción, es una responsabilidad seria”, expresó.
Puntualizó que “Don Víctor” tenía el apoyo de varias asociaciones jurídicas, aclaró que “no estaba abandonado”, como se ha dicho; “peleamos por su proceso”, aseveró.
Sobre la posibilidad de emprender medidas que permitan una reparación integral, dijo que será una decisión de la familia que por el momento está concentrada en recuperar el cuerpo para darle el último adiós.
“El Estado es responsable por las omisiones”, sentenció finalmente.