La doctora Dora Lucy Giraldo, colombiana experta en utilidad pública, opinó sobre la decisión de abrir el catastro minero en Ecuador. “El panorama es el mismo en toda América Latina, decisiones gubernamentales favorecen la extracción y megaproyectos”, manifestó.
Señaló que cuando un proyecto se desarrolla sin considerar los territorios se viola la seguridad jurídica. “Cuando no se toma en cuenta la Constitución o a la sociedad, muy probablemente habrá conflictos socioambientales”, insistió.
Para la experta, conceptos como interés nacional o interés estratégico son usados para imponer proyectos extractivos, cuestiona que incluso favorecen la protección de empresas mineras y no a las comunidades.
Advierte además que se otorgan concesiones en locaciones de ciudades con menor poder económico y político, con lo cual inicia una guerra social. “No todas las concesiones son legales o con base en tratados internacionales”, alegó.
“Dicen que el subsuelo no es un debate para las comunidades, pero para entrar a él se debe pasar por las comunidades”, manifestó. Además, se desconoce temas como las consultas libres e informadas, hay la obligatoriedad de hacerlas, pero sus resultados no son vinculantes, tampoco son vinculantes los tratados internacionales, cuestiona.
Añade sobre los derechos internacionales de los seres humanos que debe existir una relación entre las concesiones y los estándares internacionales de derechos. “No podemos permitir la contaminación de petróleo, destruyendo servicios como alimentación, agreden derechos de las comunidades como el acceso a agua limpia”, denuncia.
En cuanto a la figura de los derechos de la naturaleza explicó que la misma fue vulnerada por grupos mineros con la creación de la Ley de Minería, “la voz de la gente no está siendo tenida en cuenta, eso es un problema en la seguridad jurídica”, señaló, pues territorios se someten a intereses particulares y no a los de las comunidades.
Sobre el tema cuestiona también que los “efectos deben ser resarcidos por las comunidades no por las empresas, es difícil hacer reclamaciones por los efectos socioambientales que causan”, comentó. "Se debe revertir efectos de gran profundidad como destrucción de ríos, bosques, acuíferos, sistemas; el dinero no repara los efectos de la minería”, indicó.
“Se tergiversa la información para implementar megaproyectos que benefician a pocos”, es por eso que se plantea un test de interés público, “no solo se debe considerar los resultados económicos, se deben analizar los efectos de la utilidad pública y la democracia”, dijo finalmente.