Entrevistamos a Virgilio Hernández, parlamentario andino, quien además fue acusado de acusado del delito de rebelión por su participación en las protestas de octubre de 2019.
Asevera ser un perseguido político, pues dice que nunca fue observado por sus publicaciones en redes sociales y que hay otras acusaciones que no lograron ser sostenida. “Nos acusaron de contratar venezolanos, delincuentes, hacer desmanes, pero no se encontró ninguna evidencia de estos hechos, han realizado todas las interferencias y no pudieron probar nada”, señaló.
Sobre la quema de la Contraloría dijo que se “encontró que fue un militar el que quería quemar la contraloría el 9 de octubre”, manifestó que el incendio se inició en el interior de las instalaciones.
Sostiene que las movilizaciones de octubre de 2019 se dieron en el marco de la resistencia y más bien fue el Estado el que usó la fuerza.
Insiste en que es evidente un proceso de persecución política contra su persona. “Deben tener pruebas de que incitamos a la violencia o que la financiamos, pero anda fue demostrado”, señala.
Sobre la participación de UNES para la aprobación de la reforma tributaria, dijo que el presidente Lasso se ha atribuido funciones, “la ley tributaria fue publicada de manera ilegal en el Registro Oficial, lo propio paso con el presupuesto general del Estado”, denuncia luego de aseverar que la reforma fue negada con los votos de UNES.
Hizo un llamado a revisar los 10 años de la Revolución Ciudadana, asevera que la inversión se multiplicó por 10.
También se pronunció sobre la inseguridad y los hechos de violencia en el país. Para Hernández, “las mafias se asientan en territorios desinstitucionalizados, donde pueden hacer negocios”. Considera que se desbarató las instituciones que controlaban las bandas y se redujo la inversión.
“La crisis carcelaria está ligada a la desinstitucionalización, el año anterior aumentó el número de muertos en las cárceles del país, y no hay un responsable político, tampoco hay inversión ni fortalecimiento”, denuncia. Según Hernández, otro problema es el hacinamiento, además, de las 40 mil personas 16 mil están con prisión preventiva, hay abuso de prisión preventiva”, manifestó.
Respecto de la propuesta de consulta popular cuestiona que el Presidente no tenga propuestas claras sobre la justicia.
Sobre la reforma laboral advierte que el mandatario busca una reforma que vulnere los derechos de las personas que tienen empleo pleno.
Entre otros temad opinó que se debería evaluar de manera seria cuáles serán los impactos de ingresar a la Alianza del Pacífico.
Comentó finalmente que desde el Parlamento Andino discuten lo que tiene que ver con la planificación del 2022, “hay cosas importantes, temas LGTBI, reactivación económica, pacto ambiental de la región andina”.