Según el abogado Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, es necesario hacer una evaluación de las autoridades, pero es negativo para la institucionalidad y la democracia que se hagan constantes amenazas entre Ejecutivo y Legislativo.
Lamenta que un asambleísta renuncie a su curul, pues “hubo personas que votaron por César Rohon y esperaban que los represente”, manifiesta.
Sostiene que la mayoría de asambleítas no han cumplido con su rol, “tienen que transparentar su declaración de intereses y agenda de reuniones”, explicó que deberán dar el listado de familiares de asambleístas contratistas y justificar ante la ciudadanía las reuniones que mantienen y con quiénes.
Si bien ya existen pronunciamientos sobre una muerte cruzada, en la Asamblea, es un tema que debe ser analizado. Explica que esta posibilidad responde, según declaraciones de sectores afines al Gobierno, a los impedimentos para implementar el Plan Nacional de Desarrollo. Coloca como ejemplo las posiciones en torno a la Ley de Inversiones.
Analizó también el otorgamiento de amnistías por parte de la Asamblea Nacional, considera que no todas responden a personas procesadas por delitos relacionados a la política.
Opina que, ni la Asamblea, ni el Presidente buscan consensos, y le preocupa que los acercamientos no sean transparentes o que pueda haber acuerdos debajo de la mesa.
Exhorta a que se indique cuál es la agenda legislativa y la de su presidenta Guadalupe Llori. Además, debe haber mayores consensos, se “debe pensar en el país”, insiste.
Según Espinel hay más de 100 asambleístas alineados a la centroizquierda, mientras el Gobierno predica un modelo de derecha.
“El Presidente tiene menos del 40% de aceptación, eso puede incidir en las próximas elecciones”, sostiene.
En otro tema, para el analista, sigue en duda el CPCCS, “el problema no es la integración sino las facultades que tienen los consejeros”, indicó. Espera se dé una consulta popular para reformar al organismo o retirarles tareas como la designación de autoridades.