La experta en ciencias políticas Carolina Andrade evaluó el estado de la seguridad en Ecuador y la violencia que enfrenta el país. “No es una novedad lo que sucede, vemos una tendencia a aumentar la violencia en centros privados de la libertad, tenemos el diagnóstico, pero no las reacciones del Estado, no hay una política de rehabilitación social”, denunció.
La experta considera que “se debe dejar de lado la visión política equivocada y se debe crear el Ministerio de Justicia; un ministerio debe hacerse cargo de la política de rehabilitación social”.
Para Andrade, estos ministerios requieren recursos; además el proceso de reclutamiento debe pasar exámenes de seguridad, socioeconómicos y capacitación para los guías. Sugiere que bajo el SNAI hay un control monopólico de la Policía lo que impide que tenga una buena actuación. “Vemos una política de inacción, no hay recursos humanos, ni tecnológicos, no hay una política de prevención”, manifiesta.
Cuestionó lo que califica el “desmantelamiento” de las instituciones. “Tenemos un gobierno que no tiene un norte para dirigir la seguridad y que en su lugar se ha vuelto experto en levantar cadáveres, tanto dentro de las cárceles como en las calles”, cuestiona.
En cuanto a la comisión de pacificación que iba a intervenir en las cárceles lamenta que no se haya podido proyectar a largo plazo. “No se dieron acciones reales, hay temas como la corrupción que no se han abordado”, señala. Comentó que al parecer esta fue una de las razones para que algunos integrantes de la comisión se hayan separado.
Asevera que no se conoce qué pasó con el censo, no es posible conocer la realidad de las personas privadas de la libertad para con esta información crear protocolos claros de traslados. “No hay informes previos o de riesgos que sustenten el traslado de reos entre centros de privación de la libertad”, manifestó.
Comenta que “se pide a la Policía que cumpla con números de detenciones y operativos, pero no con el combate al crimen organizado”.
Indica además que la mayoría de internos no tiene estudios universitarios, “son poblaciones débiles dentro de los más vulnerables”.
Recalque que si el país continúa con la política de encarcelamiento actual solo se puede generar hacinamiento, recuerda que varias personas que fueron asesinadas estaban con prisión preventiva.
Andrade advierte que, en el 2017, Colombia triplicó la producción de coca, y considera que en ese momento el Estado debió ya pensar en cómo abordar el tema y cómo iban a preparar al país; luego vino el proceso de paz, pero se descuidó los cultivos en la frontera con Ecuador, “era previsible que disidencias de las FARC buscarían a nuestro país para poder sacar droga”, asevera.
Opina que el Estado debería estar invirtiendo en políticas de prevención y no en mano dura. “No sirve investigar cuando la vida ya fue vulnerada, se debe trabajar en prevención y en hacer una intervención integral para prevenir”, alegó.
En su intervención final insistió en que “hay un abuso de la prisión preventiva, jueces no actúan de derecho, eso se refleja en las calles”; por eso recomienda integrar jueces probos y que hagan su trabajo de manera digna