Cada vez son más los conflictos entre empresas mineras y comunidades, así lo aseguró la ingeniera Paola Ortiz, integrante del Colectivo Yasunidos Guapondélig.
Dialogamos con la activista en el contexto de los hechos de violencia ocurridos en Pucará, provincia del Azuay. Sobre este caso, comenta que las cosas no están claras. “No se sabe si fue una disputa por la mina entre grupos armados, hay cosas por esclarecer”, manifiesta.
Advierte, sin embargo, que la “minería está relacionada con hechos de violencia y que los afectados no solo son los habitantes cercanos a los puntos de explotación, sino también cantones cercanos, porque las redes de comercio se expanden”. Recomienda un mejor control para evitar que el país sea tomado por mafias de la minería.
Para Ortiz, ciertamente la zona es de difícil acceso, pero esto no quiere decir que se deba perder de vista lo que sucede en el sector. “La política está dirigida a que, en zonas de minería ilegal no se controle y se deje a su suerte a las comunidades. Se deja que bandas y grupos armados se diputen el territorio, tanto de las minas como de las vías de acceso”, denuncia.
Sobre Kimsacocha dice que una explotación de pequeña o mediana escala no es posible en la zona, la explotación ilegal es inviable, la presencia de mineros ilegales es imposible. En el caso de Río Blanco la situación es distinta, según Ortiz es un caso particular. “Se debilitó el control de la comunidad tras la muerte de activistas ambientales, se necesita atención urgente”, señala.
Para la activista, “las empresas con los recursos que tienen pueden comprar a quien quieran, con negocios millonarios quieren imponer su actividad, juegan con el agua y la vida de las personas”, advierte.
En su salida final destacó que, casos de corrupción en empresas mineras, así como la violencia entre grupos armados por las minas, no son hechos ajenos a la provincia del Azuay. “Está pasando en la provincia, pasa en Cuenca, en particular con el proyecto en Kimsacocha; hay corrupción y quieren irrespetar la decisión el pueblo para continuar explotando el páramo”, denuncia.
Añade que la empresa ha querido formar un grupo de científicos cuencanos “para pisotear la voluntad expresada en la consulta popular”. “Es antiético, quieren legitimarse a pesar de la voluntad tomada, hay profesionales que se negaron a pertenecer a este equipo. Una vez que se van con la empresa reciben un sueldo, entonces la imparcialidad de su trabajo se vuelve cuestionable”, señala.