El doctor Ramiro Ávila Santamaría, exjuez de la Corte Constitucional, brindó su opinión sobre las denuncias de injerencia en la justicia y las pugnas entre el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), el Consejo de la Judicatura (CJ) y la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
“El drama del país es que no permitimos que las instituciones puedan trabajar y consolidarse”, indicó. “Lo que pasa en el CPCCS y en el CJ es inadecuado, hay una injerencia, al Ecuador no le hace falta menos institucionalidad”, comentó.
La clase política es el problema, según el invitado “tiene una visión a corto plazo, solo le interesa beneficiar al grupo al que representa, no le interesa el pueblo ni la soberanía, ni proyectos a largo plazo”.
Los sectores políticos quieren adueñarse de las instituciones. “Hay partidos políticos sin ciudadanía; las elecciones son un gran mercado, tiene el poder el partido que puede financiarlas; hay intereses de grupos; hay narcotráfico y el país es un lugar de salida; hay sicariato… Es el drama que vive el Ecuador”, lamenta.
Para Ávila, hay un error en suspender al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Y le preocupa que se le empuje a la Corte Constitucional a ser un actor político al tener que resolver temas que deberían ser solventados en otras instancias; “esto solo aumenta el caos político y jurídico”, señala.
Según Ávila, “usan a la justicia para defender puestos, cuando está para intervenir en casos de violaciones de derechos”.
Explica que, si el problema es la desinstitucionalización del país, la solución no son reformas. “Experimentamos el fracaso, dependemos de la buena o mala voluntad de quienes manejan las instancias de justicia”, aseveró.
“El CPPCS debe desaparecer, falló en su rol, no funciona”, apunta. Convoca a los jueces a no dejarse presionar, “los administradores de justicia en todos los niveles le han fallado al país, les mueve otros intereses”, comenta.
No obstante, para Ávila hay esperanza en los movimientos sociales que piensan en un mundo diferente. Tiene confianza en las nuevas generaciones, espera que se involucren en la política para transformarla.
Finalmente, en otro tema ofreció su criterio jurídico en torno a la consulta popular de Cuenca, sus efectos en el contexto de la temporalidad de las concesiones otorgadas y los criterios que deben considerarse para su continuidad o no.