El concejal de Cuenca, Omar Álvarez, se refirió a las denuncias realizadas en torno al proceso para escoger al contratista de la planta de aguas residuales de Guangarcucho.
“Estamos preocupados por lo que pasa, no sólo en el proceso de construcción sino en el proceso de fiscalización; hay un retraso de varios años”, comentó.
Indicó que cerca de 70 millones costaría el proyecto. Sumó que hubo traspiés. “ETAPA hizo los documentos de cómo debe ir la planta, será con licitación internacional como lo sugieren normas internacionales y nacionales”, informó. Destacó que tres oferentes presentaron su propuesta para el proyecto.
Para Álvarez, la planta es un proyecto que debe tener atención, aparte del tranvía es uno de los de mayor inversión. Además, considera que, en términos ambientales es fundamental, pues la planta actual estaría cumpliendo su vida útil.
Denuncia que el oferente “no cumple con la experiencia específica, ni la idoneidad técnica para llevar adelante la planta”. Reconoce que “no es proyecto simple”, pues se trata de una planta de tratamiento de aguas residuales.
Estas denuncias motivaron que uno de los miembros de la comisión calificadora seas separado. Espera, por lo tanto, que la nueva comisión analice y aclare el proceso y sus resultados.
El asesor jurídico para este proyecto envió un informe amplio y según el concejal, al no ser considerados sus criterios jurídicos, el profesional renunció.
El edil ha insistido en que la comisión no ha llevado el proceso “de manera correcta” y pedirán una veeduría ciudadana, el objetivo es tener transparencia. El directorio de ETAPA reconoce la intencionalidad de continuar el proyecto y por eso piden transparencia y claridad.
“Esperamos información de los avances, que se comunique a la ciudadanía y se le diga qué sucede, por qué se ha dilatado tanto la contratación; después de siete meses no se conoce nada, debe haber un cronograma que cumplir”, aseguró el concejal.
Según dio a conocer se encuentran a la espera de nueva información. “Tenemos acceso a los contratos de crédito, en las cláusulas se establece el pago de una multa por no ocupar los recursos del crédito otorgado. ETAPA ha incumplido y deberá pagar cerca de 20 mil dólares mensuales”.
Sostiene que en 20 días deberán recibir la información, caso contrario estarían incumpliendo con la ley. “Se podría ver el descaro de la administración”, dice, pero espera no llegar a estas instancias. “No podemos dilatar más el proyecto, pero este empieza a tener tintes de oscuridad y quieren favorecer a un oferente, hay varios informes que lo dan como no válido y se crean comisiones hasta dar el aval. Hay inestabilidad, se nombra funcionarios cada dos mese”, denunció.
Aclaró finalmente que no se trata de un tema político, que solo se hacen observaciones desde el marco legal.