“La Corte constitucional no ha fallado”, dijo Andrés Martínez, experto en derecho constitucional, tras la decisión del máximo organismo de control, interpretación y administración de justicia de destituir a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Explicó que los candidatos a la reelección para conformar el Consejo no podrán posesionarse. De acuerdo a la ley vigente, los funcionarios destituidos, en un lapso de dos años, no podrán ejercer cargo público y de por vida en el mismo organismo del que fueron cesados.
En otro tema hizo un análisis de las ocho preguntas de la consulta popular.
Sobre la primera, relacionada con la extradición, aclaró que es un error pensar que con esto se solucionan los problemas. “Delincuentes tienen cédula ecuatoriana y se necesita de la cooperación de los estados, el país no puede expulsar a nacionales para ser juzgados en otro país”, explicó.
“El sí en esta pregunta ayuda a combatir la problemática, pero no soluciona los males del país. No obstante, se puede lograr mejoras en la administración de justicia transnacional”, asevera.
De la segunda pregunta, relacionada con la Fiscalía, se refirió al funcionamiento del consejo fiscal propuesto que asumiría las funciones que ha vendido cumpliendo el Consejo de la Judicatura.
Respecto de la pregunta 3, para reducir el número de asambleístas, considera que se debe analizar dos aspectos. Por un lado, los pedidos de la ciudadanía y el otro, la representación. “La gente pide la reducción de asambleístas por la baja aceptación de la Asamblea; pero, por otro lado, las provincias se verán afectadas con una menor representación”, manifestó.
En cuanto a la pregunta relacionada con la regulación de los movimientos políticos, dijo: “Candidatos rentan o alquilan movimientos con el fin de presentarse a elecciones, no hay conexión entre ideología y propósito”. Según Martínez, con esta pregunta se quiere poner un freno a los movimientos que al final del día son “carpetas o membretes, no tienen vida activa”.
Sostiene que se debe exigir estándares más altos y que se necesitan reformas más estructurales.
Sobre la elección de autoridades de control advierte que “el CPCCS fue un híbrido mal traído”. “En el papel trató de devolver el rol a la ciudadanía para la designación de autoridades, pero los partidos terminaron cooptándolo, buscan mayorías para tener el control”, dijo.
En el mismo tema, recomienda pensar en el deber ser. Recuerda que la Asamblea está comandada por partidos que representan a la ciudadanía y serán estos quienes designen a las autoridades.
Comentó finalmente sobre las preguntas 7 y 8 de la consulta popular relacionadas con el medioambiente. Entre otros aspectos destacó que “un área de protección hídrica es un espacio donde se prioriza el agua de consumo y la soberanía alimentaria. Un área de protección hídrica estaría al mismo nivel que el Cajas”, ejemplificó.