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Sobre los problemas que genera la minería en la provincia del Napo, dialogamos con el defensor de los derechos humanos y de la naturaleza, abogado Andrés Rojas. 

“Napo ha sido perjudicado por más de 25 años, por la operación diaria para extraer oro, se han contaminado los ríos. Más de 30 mil hectáreas fueron concesionadas de manera inconsulta, no se respetó la consulta libre, previa e informada, ni la ambiental”, relató. 

Ante la depredación de la naturaleza y la contaminación, colectivos ambientalistas interpusieron una acción de protección por la vulneración de derechos de la naturaleza, que fue aceptada por el juez constitucional Roberto Saravia Altamirano; no obstante, esta resolución no ha sido cumplida por las entidades del Estado ecuatoriano, por lo que las organizaciones han iniciado un nuevo proceso que podría derivar en la destitución de los funcionarios públicos. 

“Las autoridades pueden ser destituidas por incumplimiento de la sentencia, estamos en una fase preliminar. No se ha cumplido con la restauración, ni reparación, ni con la planificación que se debía presentar para ello. Río abajo la población es afectada por la contaminación de las aguas”, advierte. 

Insistió que en Napo ninguna concesión tiene licencia para operar, todas las actividades son ilegales. “Napo tiene contaminación de ríos, deforestación de bosques, opera el narco, hay prostitución infantil, tráfico de armas, intimidación. Compañeros son llamados y amenazados por denunciar la minería”, cuestionó finalmente.