Luis Corral, activista antiminero y Jamil Tene, morador de Gualel ampliaron detalles sobre la presencia de un contingente de militares, policías, guardias privados y canes amaestrados, en Fierro Urco. Denuncian represión e incineración de vehículos de líderes comunitarios.
“Desde la madrugada entraron 30 camiones resguardados por las fuerzas armadas y policía, se instalaron en Gualel, querían ingresar al páramo. Estas intenciones fueron rechazadas por la población”, detalló Corral sobre los hechos ocurridos en esta parroquia ubicada en las cordilleras Fierro Urco, una estrella hídrica, la única al sur del país.
“Estamos preocupados, la policía violenta los procedimientos básicos, quieren entrar”, indicó.
Sobre la legalidad de las concesiones que quieren instalarse y mantenerse en estas zonas manifestó: “Para nosotros no son legales, no hubo consulta ambiental, libre e informada, no se han respetado los derechos de la naturaleza, su presencia es inconstitucional. Es una zona de gran importancia no solo por su valor ambiental, las comunidades indígenas de Saraguro la han declarado como territorio sagrado”.
Insiste en que el Gobierno ha violado procedimientos y privilegia las concesiones.
“Ha sido una guerra campal en Fierro Urco, la gente está evitando que se instale la empresa minera en el páramo”, informó.
Jamil Tene, presidente de la Junta Parroquial, dijo que la parroquia amaneció militarizada, con policía y canes amaestrados, así como con la presencia de guardia privada y camiones pesados con instrumentos de la empresa minera Guayacan Gold que tiene a su cargo el proyecto minero Santiago.
“Hubo enfrentamientos, defensores del agua fueron reprimidos, pero se mantienen firmes en defensa de los derechos de la naturaleza”, relató.
Dio a conocer que dos vehículos de líderes comunitarios fueron incinerados por trabajadores de la empresa. “Ellos son los violentos, jamás hemos faltado al respeto”, asevera.
Tene exige la paralización de los trabajos de exploración avanzada de la minera.
Corral comentó además sobre las acciones interpuestas, una de protección que se encuentra en la Corte Constitucional.