La liberación de dos femicidas y la revocatoria de esta resolución horas después, preocupa a la Función Judicial. Los liberados tenían una condena de más de 34 años y no habían cumplido ni siquiera seis años de reclusión. “Es indignante lo sucedido en estos casos”, manifiesta Alexandra Vallejo, presidenta de la Corte de Justicia del Azuay.
Carlos Flores Santander y Luis Eduardo Cordero, autores del femicidio de Cristina Palacio y Bertha Minchala, respectivamente, fueron liberados. Cordero fue recapturado tras entregarse a la justicia. Flores aún no ha sido detenido, luego de que la jueza a cargo revocara la libertad que ella mismo dictaminó.
Cuestionó los beneficios de los que se han beneficiado los dos femicidas. Primero no debían cumplir su pena en la cárcel de Azogues, debían hacerlo en el CRS de Turi, por lo que exige respuestas a este traslado.
Vallejo celebra que la jueza en mención, Gina Zambrano, esté siendo investigada por la Judicatura. Le sorprende que estos no sean los dos únicos casos de otorgamiento de medidas cautelares en condiciones que llaman la atención, sino que haya un total de 26 casos similares, a cargo de esta funcionaria.
“En el país existe un aumento del abuso del derecho por parte de profesionales, si bien los jueces del Azuay tratan de hacer su trabajo, no es suficiente”, dice Vallejo.
La funcionaria califica de positivo los cambios en los directos provinciales del Consejo de la Judicatura, pero sostiene que hay otras preocupaciones que deben ser atendidas, como la falta de recursos económicos, tecnológicos, humanos e incluso la falta de papelería o de tóneres para las impresoras.
Denuncia que las cuentas de zoom deben ser pagadas por los jueces y esta es otra situación que genera problemas para el cumplimiento eficiente de la administración de justicia.
Finalmente exhortó a sancionar a “jueces a la carta” y que se recapture al femicida de Cristina Palacio.