Para el docente universitario Luis Córdova, coordinador del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, las decisiones del presidente Guillermo Lasso como la de liberar el porte de armas para los civiles, eran predecibles, son ofertas dentro de su plan de trabajo; no obstante, considera que la adquisición de un arma dependerá del poder adquisitivo de la persona.
Considera además que este decreto incidirá en una expansión del tráfico e importación de armas. Le preocupa que el Estado no tenga control siquiera sobre las armas de uso de las fuerzas del orden, “menos lo va a tener sobre un uso más amplio”, advierte.
Sostiene que el crimen organizado funciona gracias a la participación del Estado que, gracias a la intervención de ciertos agentes estatales, otorga permisividad para ciertas actividades de origen ilícito; es decir brindan facilidades para las operaciones de las bandas delictivas.
Analizó hechos ocurridos en el país que han sido catalogados como actos de terrorismo. Para Córdova la visión “de guerra” impuesta por el Gobierno solo contribuye a que se profundice la situación.
Para el experto, estos sucesos y la falta de control son, además, justificativos para implementar el ciberespionaje, por lo que hace un llamado a tener en cuidado con el discurso de la narcodelincuencia.
Respecto del incremento de las extorsiones o las denominadas “vacunas” explica que, cuando el Estado no puede brindar protección, las pandillas llegan para cobrar impuestos ilícitos para brindar “seguridad”.
Advierte que la justicia trabaja para el crimen organizado, hay jueces que han sido cooptados, pues tampoco hay medidas de seguridad para los servidores judiciales. Para el analista, los jueces sin rostro tampoco son la solución.
Para el catedrático, el crimen se ha infiltrado en el Estado. Asevera que la solución no radica en tener más armas o más policías, sino en la capacidad de crear un ecosistema seguro para la ciudadanía, por eso llamó a cambiar el actual modelo elitista.
Sugiere despenalizar y tener una política de drogas.