Programas

El abogado del colectivo Yasunidos, Pablo Piedra, resaltó la importancia de la decisión de la Sala especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay, respecto de la Acción de Protección presentada por ciudadanos y colectivos ambientalistas en contra del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. En el dictamen la Sala asevera que hubo vulneración del derecho a las consultas previa, libre e informada, y ambiental, por lo que toda actividad minera en la zona se mantiene suspendida.

Piedra denuncia que la mayoría de concesiones se han entregado sin garantizar las consultas pertinentes a las comunidades. Le preocupa que se firman acuerdos entre gobiernos y empresas mineras a pesar de que estos vulneran derechos. “Saben que no pueden operar, ya lo dijo hasta la Corte”, manifestó. 

Respecto del Chocó Andino, rechaza que, pese a la existencia de sentencias previas que prohíben las actividades mineras, estas no son tomadas en cuenta. “En el Chocó Andino no se puede explotar”, comentó. 
Dice que hay concesiones que deben ser declaradas nulas, pues no cuentan con los requisitos de consulta previa. 

Para Piedra, Azuay es un referente de cómo proteger el agua, fue la provincia con el porcentaje mayoritario de apoyo al Yasuní en la consulta popular del pasado 20 de agosto. 
Sostiene que es necesario una auditoría para evitar mayores conflictos sociales, caso contrario prevé que por imposiciones desde de Quito para el desarrollo de la minería, los territorios entrarán en conflicto.

Lamenta que empresas quieran retroceder lo alcanzado en cuanto a protección de derechos del medio ambiente.