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El investigador y analista social Juan Cuvi analizó las implicaciones legales de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Inteligencia y Contrainteligencia, ya publicada en el Registro Oficial. Afirmó que, aunque el país se encuentra bajo un Estado de Excepción y en medio de una declaratoria de guerra al narcotráfico, las medidas adoptadas corren el riesgo de vulnerar derechos humanos fundamentales.

Cuvi señaló que esta legislación busca reforzar el control y la represión en nombre de la seguridad, pero advirtió que esto la convierte en una herramienta peligrosa. “Esta ley es un cascarón, una justificación para legalizar el espionaje político”, sostuvo, y lamentó que se utilice el poder del Estado para vigilar a los opositores del Gobierno.

Asimismo, hizo referencia a la existencia de una economía paralela que, según diversas investigaciones, sostiene indirectamente el sistema de dolarización, alimentada por el lavado de activos. Cuvi cuestionó la falta de acciones concretas frente a estas actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal.

Como ejemplo, mencionó el oro extraído mediante operaciones ilegales que, paradójicamente, es comercializado a través de empresas formalmente constituidas. En ese sentido, expresó su preocupación de que las leyes actuales puedan estar diseñadas para beneficiar a ciertos sectores en detrimento de otros. “Las normas deben atacar la raíz de estos problemas, no servir de instrumento arbitrario de poder”, concluyó.