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Yaku Pérez, defensor del agua, aseguró que la primera responsabilidad en caso de una demanda internacional en el caso Loma Larga debería recaer en la Primera Dama por recibir recursos provenientes de la minera, y a nivel internacional en la ministra de Energía, quien entregó la licencia ambiental.

Pérez afirmó que no se respetó la decisión judicial que suspendió la actividad minera y lamentó que, pese a los informes de ETAPA, el Ministerio del Ambiente no los haya considerado. Señaló que la consulta previa, libre e informada “fue una falacia, el 90 % está en contra” y opinó que la ministra de Energía, Inés Manzano, debió renunciar por sus declaraciones.

El defensor recordó que la consulta popular de Cuenca ya se pronunció sobre la prohibición de actividades mineras en las zonas de recarga hídrica, un mandato vinculante que tiene efecto sobre lo venidero y no afecta principios de retroactividad. Rechazó la tesis de que la actividad minera ilegal ocuparía Kimsakocha en caso de no existir minería legal, asegurando que no hay minería ilegal en Río Blanco.