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Pablo Piedra, abogado de los Yasunidos, destacó la unidad de la ciudadanía de Cuenca en la defensa de los páramos frente a la minería y rechazó las declaraciones de autoridades del Gobierno que trasladan responsabilidades al Municipio de Cuenca o a la Prefectura del Azuay. “Los únicos que tienen la responsabilidad de otorgar licencias ambientales son las autoridades nacionales; ninguna otra instancia puede hacerlo”, afirmó.

Piedra llamó a revisar la consulta popular de 2021 y a respetar la voluntad popular expresada por la ciudadanía. Denunció que algunos funcionarios se entregan a empresas mineras para recuperar lo invertido y obtener beneficios adicionales, en caso de que el proyecto Loma Larga no se concrete.

“Lo dicho por el presidente no es legal, es ambicioso y es un insulto a Cuenca”, aseguró Piedra. Recalcó que primero se deberían cumplir las sentencias que favorecen a los pueblos en contra del Estado.

“Cuenca y Girón dijeron que no; el Gobierno no debería otorgar licencia bajo este contexto”, enfatizó. Además, invitó al presidente Noboa a responsabilizar a los funcionarios que aprobaron la licencia ambiental y a resolver la situación de la actividad minera en Kimsakocha.