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En una entrevista, el dirigente Yaku Pérez cuestionó el proyecto de ley de minería y energía, calificándolo de neocolonizador y contrario a la Constitución.

Pérez denunció que la propuesta elimina licencias ambientales, impone plazos imposibles de cumplir y plantea la creación de clústeres mineros protegidos por fuerzas militares. Según advirtió, estas medidas favorecen el ecocidio y la impunidad empresarial.

Finalmente, subrayó que la iniciativa representa un retroceso en materia de derechos ambientales y colectivos, al priorizar intereses económicos sobre la protección de la naturaleza y las comunidades.