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En una entrevista, el activista Yaku Pérez analizó la reciente admisión de una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de Minería en Ecuador por parte de la Corte Constitucional.

El entrevistado argumentó que la normativa es ilegal porque se omitió la consulta prelegislativa obligatoria a las comunidades indígenas, vulnerando derechos territoriales y ambientales fundamentales. Además, denunció que el nuevo marco legal facilita el extractivismo al eliminar licencias ambientales en etapas tempranas y permitir la presencia militar en zonas ancestrales.

Pérez señaló posibles conflictos de intereses dentro del gobierno actual y advirtió sobre la persistencia de actividades mineras irregulares en proyectos como Quimsacocha. Finalmente, subrayó que la Corte debe actuar como un contrapeso democrático frente a los excesos del poder ejecutivo para proteger el agua y la biodiversidad del país.