El doctor Yaku Pérez, excandidato presidencial, exprefecto del Azuay, se refirió a una nueva petición de consulta popular y el primer mes de gestión de Guillermo Lasso.
En el marco de los temas planteados, señala que los anuncios en materia tributaria deben ser revisados pensando en la mayoría de los ecuatorianos; se debe controlar la evasión y focalizar los impuestos hacia los que más tienen.
Considera que la situación del país es precaria y que está provocando una nueva ola migratoria, eso se evidencia en las largas filas que se presentan en el Registro Civil de personas que buscan un pasaporte para salir del país en la búsqueda de mejores días.
En materia de impuestos insistió en que estos no pueden ser pagados por las clases más pobres. Aspira que las declaraciones del ministro de Economía, Simón Cueva de que quienes ganen 500 dólares serían los nuevos ricos y que deberán tributar, hayan sido solo un exabrupto.
Considera que los diálogos con los transportistas son saludables, sin embargo opina que se debe escuchar y llegar a acuerdos también con otros sectores.
Sobre su salida de Pachacutik, dijo que no se ha “divorciado de las bases”. “Asisto con regularidad a las comunidades acompañando la defensa del agua, hemos estado en Cañar, Chimborazo, Loja; la lucha de ellos es la nuestra, no la vamos a dejar”, comentó.
Sobre la dirigencia de Pachacutik y de sus asambleístas dijo haberles advertido que aliarse al correísmo o con el lassismo era un acto de deslealtad con los dos millones de ecuatorianos que confiaron en la vía ambiental.
“Si hacemos un acuerdo con el Gobierno que nos robó, que no cumple su palabra y sabemos cuál es su conducta, después, esto nos pasará fractura; con qué cara volveremos a pedir resistencia”, manifestó.
Dio detalles de la propuesta de consulta popular, señala que es un pedido de comunidades y sectores afectados por la minería en Loja, Molleturo, Girón, Santa Isabel, Cuenca, entre otras localidades. “Son varias las provincias que están en contra del extractivismo, hay territorios amenazados por la megaminería”, denunció.
De ahí el pedido a la Corte Constitucional, organismo del que espera un dictamen favorable a las cinco preguntas que incluyen temas relacionados a cómo agregar la prohibición de la minería en ecosistemas frágiles, sugiere que el COIP debe tipificar los daños irreversibles a la naturaleza, el ecocidio. Además se plantea eliminar los sueldos vitalicios, reducir número de asambleístas, el libre acceso a las universidades. “Necesitamos el 5% del total de los empadronados, requerimos unas 600 mil firmas… es un trabajo titánico pero se lo puede realizar”, advirtió Pérez.
“El Estado está secuestrado por el extractivismo, muchos muerden el anzuelo del extractivimo, también hay omisiones en las comunidades”, cuestionó.
Llamó a hacer cumplir la Constitución, explicó que las consultas populares no quedan a discrecionalidad de las autoridades porque son de carácter obligatorio, “si no lo hacen caen en desacató, y en otras figuras penales”, explicó. “Quienes pretenden incumplir la consulta de marzo 2018 en Girón, la consulta de febrero 2021 en Cuenca, pueden ser enjuiciadas”, dijo, al tiempo de advertir que la criminalización de la protesta social no ha terminado.